Los profesionales nucleados en la organización Médicos de Pueblos Fumigados, dieron a conocer un informe preliminar sobre el campamento sanitario realizado recientemente en la localidad de Monte Maíz, a 290 km de Córdoba Capital. Desde el programa de la RNMA, Enredando las mañanas, conversamos con Darío Ávila, abogado de las Madres de Ituzaingó. Por RNMA.
Enredando las mañanas: ¿Podrías
explicarnos qué son y cómo funcionan estos campamentos sanitarios?
Darío Ávila: En realidad el campamento
sanitario aquí en la universidad Nacional de Córdoba se canalizó a través de un
programa que se llama suma 400, que es de extensión y lo lanzó la Universidad
Nacional de Córdoba a partir de la celebración de los 400 años de la universidad.
Dentro de ese programa se logró incluir como prueba piloto, esta
campaña sanitaria que por primera vez se lleva a cabo en nuestra provincia.
Surge a raíz de una iniciativa por una inquietud que plantea concretamente el
intendente de la ciudad de Monte Maíz, a partir de un reclamo de un grupo de
vecinos auto convocados, una red de prevención, viendo que en su comunidad
advertían la muerte de personas con graves enfermedades principalmente con
cáncer y había allí una preocupación social y popular muy interesante. A partir
de esa inquietud se ponen en contacto con la universidad y con la Red de
Médicos de Pueblos Fumigados que está coordinado por el doctor Medardo Ávila
Vázquez. Así se logra instrumentar a través del programa Suma 400, que arranca
con un relevamiento epidemiológico y cuenta con la participación de
profesionales y estudiantes avanzados en distintas disciplinas.
ELM: ¿Entonces se puede decir que hay una fuerte resistencia en el
pueblo, que a su vez los convocan a ustedes?
Darío Ávila: Efectivamente, en realidad son
reclamos socio ambientales que de alguna forma empiezan a verse con mayor
intensidad en los pueblos del interior de Córdoba y en el resto de las
provincias de nuestro país a raíz de la visibilización y de la gran difusión
pública que tuvo la denominada causa o juicio histórico de barrio Ituzaingó, en
la cual se pudo allí poner en su máxima expresión las consecuencias sanitarias
que el modelo de producción agroindustrial está generando en estas comunidades
que viven en zonas netamente favorecidas por el monocultivo de soja.
Los vecinos están empezando a ver que lo que está pasando en su
comunidad no difiere para nada lo que pasó y se pudo demostrar en Ituzaingó,
que es la gran vinculación que existe entre la utilización de estos productos
que son todos tóxicos y la aparición de las enfermedades graves.
ELM: ¿Los porcentajes que pudieron recoger son los mismos también?
Darío Ávila: Lamentablemente para nuestra
sorpresa, nos encontramos con porcentajes muy elevados, incluso superando los
porcentajes del barrio Ituzaingo, por ejemplo la mortalidad por cáncer fue del
33%, en esta localidad supera el 40%, es decir que hay una situación de
gravedad que coincide en cierta forma con los informes recientemente publicados
por el ministerio de Salud de Córdoba, el cual advierte un crecimiento de la
mortalidad por casos de cáncer en esa región que coincide con la de mayor
profundidad del modelo de explotación agrícola.
ELM: Igualmente no se logra que se prohíba como en otros lugares
del mundo.
Darío Ávila: Una cuestión que me parece
importante poder reflejar, es decir que allí se han analizado distintas fuentes
contaminantes que pueden estar incidiendo sobre la población. Si bien el tema
de los agroquímicos aparece a primera vista, fue un informe preliminar. Es una
especie de devolución que se hace una vez que se finaliza este relevamiento,
pero estamos esperando los resultados finales, en el que aparece fuertemente
como uno de los componentes de las fuentes principales de contaminación la
utilización de agroquímicos pero lamentablemente pudimos advertir que hay
varios elementos allí que pueden estar incidiendo. Por ejemplo en la localidad
existe un basural a cielo abierto, el cual se sabe que el sistema de
tratamiento de la basura produce la liberación de dioxinas que son altamente
contaminantes. Dentro del mismo pueblo existen las empresas acopiadoras; ya se
sabe que los municipios están sacando del ejido municipal los acopios de
agroquímicos, las máquinas mosquitos son guardadas y depositadas y lavadas
dentro de las zonas urbanas, que son fuentes de contaminación.
Hay una instalación muy importante que corresponde a la aceitera
General Deheza, que son acopios de cereales, hay un fuerte componente que puede
llegar a estar incidiendo en la población, lo cual además del relevamiento
epidemiológico, lo hemos complementado con mapas geo referenciados con la
participación de estudiantes de geografía; y también a través de investigadores
del CONICET, de la UNLP (Universidad de La Plata), se han tomado pruebas de
suelo, de agua y de diversas plantaciones para analizar y ver qué puede
detectarse en aras de lograr una interpretación integral de cuáles son los
factores que pueden estar incidiendo sobre la salud de la población.
ELM: De esta convergencia de factores, por lo que podemos
entender, salvo el basural que es histórico, son todos vinculados al modelo de
producción.
Dario Ávila: Es lo que aparece más marcado, el
problema del modelo. En ese sentido en Córdoba se está avanzando, no al ritmo
que uno quisiera y tampoco con la solución de fondo. Entendemos que debemos
migrar hacia otro modelo de producción. Tenemos experiencia en nuestro país de
verdaderos modelos de producción de alimentos, que no enferman ni contaminan a
la población. Apuntamos a una urgente huída a ese modelo, mientras tanto no se
dé, en la transición, estos gobiernos locales a través de distintas ordenanzas,
están tomando algunas medidas y de alguna forma, van retirando las fumigaciones
de acuerdo a una correlación y lucha de fuerza que se da en cada comunidad;
algunos lo hacen a una distancia de 500 metros otros 1000 o 1500. Eso depende
del reclamo de las comunidades. Lo ideal para nosotros es definitivamente pujar
para que este modelo en definitiva sea erradicado de nuestro país, pero uno
conoce que hay condicionamientos externos económicos muy fuertes que
evidentemente ejercen sus lobbies para siga sosteniéndose y aun
profundizándose, lamentablemente.
ELM: En este caso una población de 8.000 habitantes pueden ejercer
su presión sobre el intendente para poder lograr las medidas que estaba
detallando.
Dario Ávila: Seguro. Lo que nosotros hacemos
una vez que terminamos es una devolución, nos interesa trabajar con la
población, nuestra idea es acercar toda la información posible, las
herramientas posibles empoderar a nuestros vecinos, hacer un correlato, hacer
ver cuáles son sus derechos, las obligaciones de los funcionarios respecto de
esta materia para que a partir de allí ellos analicen, se organicen y vean cual
es su mecanismo más eficaz para poder preservar sus derechos. Estamos hablando
de un conflicto entre derechas disímiles, por un lado vecinos que reclaman por
su preservación del derecho a la salud y la vida y por otro lado fuertes
presiones que defienden sus intereses netamente económicos y de rentabilidad.
Frente a eso nosotros tratamos de dar la mayor herramienta posible a los
vecinos para que logren preservar sus derechos.
ELM: Los vecinos saben que es lo que los envenena pero no pueden
probarlo.
Dario Ávila: A partir que se reformó nuestra
Constitución Nacional con el artículo 41, cuando se incorpora como derecho
humano fundamental vivir en un ambiente sano, allí se establecen pautas en
favor de los ciudadanos comunes. También el que contempla la Ley General del
Ambiente que es principio precautorio, que plantea que cuando existe una
actividad que se demuestra que es peligrosa para la salud o para la vida o para
el ambiente en general, la falta de estudio científico no constituye un
impedimento para que las autoridades adopten medidas de prevención para
preservar ese derecho. De modo que si no se adoptan mecanismos de protección de
la salud de los vecinos hay un claro interés de parte de los funcionarios de
responder a otros intereses concretamente. Los ciudadanos no tenemos que
demostrar que una determinada actividad como son las fumigaciones afecta a la
salud sino por el contrario aquí se produce a partir de estos principios generales
del derecho ambiental lo que se conoce en derecho el principio de la carga
probatoria dinámica y de la inversión de la prueba. Las empresas productoras de
estos productos tóxicos son quienes tienen que demostrar que sus productos son
inocuos y que no afectan la salud, algo que no van a poder hacer jamás. En
definitiva la lucha es esa, por acercar la mayor información a los vecinos, que
se reconozcan ellos como sujetos de derecho, que tienen el deber de reclamar,
que estos derechos existen en nuestra Constitución, nada garantiza el respeto a
los mismos, van a tener que reclamar administrativa o judicialmente y así es
como van logrando modificar sus realidades; sino lamentablemente termina por
imponerse el derecho económico por sobre otros derechos.
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