El polémico herbicida llega a los tribunales.

Juicio oral al glifosato

En junio comenzará el proceso contra tres acusados por uso indiscriminado de agrotóxicos. La lucha silenciosa de las madres del barrio Ituzaingó. Veneno, desidia y ganancia a cualquier costo.

De la mano de un proceso judicial, una luz de esperanza se enciende para millones de personas que viven en zonas linderas a campos fumigados con agrotóxicos. El uso indiscriminado de estos productos provocó innumerables estragos en la salud, y los muertos llegan a unos cientos, aunque esa tendencia podría comenzar a revertirse ahora. Es que el próximo 11 de junio, tres acusados de contaminar una zona de la periferia de la ciudad de Córdoba van a ser juzgados en los tribunales. El juicio no es uno más en su tipo, sino el primero en llevar al banquillo a quienes desde hace años transgreden leyes ambientales en pos de ganancias líquidas. Este caso en particular permite conocer una problemática común: hectáreas de plantaciones que llegan a las puertas mismas de pueblos en el afán de mayores rendimientos. Y por encima de esos campos, periódicamente, la aplicación de herbicidas y pesticidas arrojados desde las alturas.

La historia del barrio Ituzaingó, ubicado al sur de la capital cordobesa, no difiere de otros lugares de la República Argentina que padecen el uso de agrotóxicos. En ese barrio cordobés viven unas 4.000 personas, en su mayoría de condición humilde; al sur y al este, la barriada está rodeada por una gran extensión destinada al cultivo de soja. Los problemas en esa zona comenzaron a notarse hace trece años, cuando algunos de los habitantes experimentaron malestares al menos atípicos. Una mujer dio a luz a una beba que murió a los tres días de nacida. Esta madre, en su dolor, decidió ponerse a investigar, y en ese recorrido encontró que, efectivamente, otros cuatro vecinos acusaban repentinos cambios en su salud. El trabajo de investigación se extendió, al tiempo que se sumaban voluntarias a la tarea. En poco tiempo, Sofía Gatica y otras quince madres dieron a conocer el relevamiento a quien quisiera escucharlas: en la zona se verificaba una tasa de cáncer 41 veces superior al promedio nacional. Sus sospechas acerca de los peligros de la fumigación estaban fundadas y la pelea recién comenzaba.

El doctor Medardo Ávila Vázquez es miembro de la cátedra de Pediatría de la Universidad de Córdoba e integra la organización Médicos de Pueblos Fumigados. En diciembre de 2007 se desempeñaba como secretario de Salud del municipio cuando decidió actuar. Después de años de reclamos, las madres del barrio y personal del dispensario llegaron a él. Mientras se hacía la denuncia ante la Justicia, el avión fumigador pasaba una y otra vez sobre los surcos rociando herbicidas. Fue el momento justo para buscar pruebas concretas, y Ávila Vázquez acudió el barrio para tomar muestras en veredas y plantas. “Constatamos que sólo a 200 pasos del barrio había muestras de agrotóxicos y nos pusimos en contacto con un abogado. Un posterior allanamiento probó la existencia de residuos de glifosato en el hangar, en patios de las casas de los vecinos y en durazneros”, relata.

Según la Justicia, los tres acusados violaron la Ley de Residuos Peligrosos. Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Rafael Parra, productores agrícolas, y el piloto aeroaplicador Edgardo José Pancello también se saltearon el artículo 41 de la Constitución nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. En cuanto a la legislación provincial sobre agrotóxicos, el artículo 58 prohíbe la aplicación aérea dentro de un radio de 1.500 metros del límite de las plantas urbanas de productos químicos o biológicos de uso agropecuario, de las clases toxicológicas catalogadas como sumamente peligrosas como el glifosato y endosulfán. Estos dos productos fueron utilizados por los arrendatarios de las 400 hectáreas, sin control y a sólo 200 metros de la línea de viviendas.

Un gran número de localidades denunciaron perjuicios, y la Justicia de seis provincias ya dio curso favorable a algunas de las causas. En febrero de 2011, una medida judicial prohibió fumigar en cercanías de zonas urbanas de la localidad santafesina de San Jorge. Después de dos años de disputa judicial impulsada por vecinos y organizaciones no gubernamentales del Barrio Urquiza de esa ciudad, jueces de primera y segunda instancia les dieron la razón a los habitantes, decisión que quedó en firme por el máximo tribunal. En agosto, el Superior Tribunal de Chaco confirmó una medida cautelar que fijaba límites para las fumigaciones: 1.000 metros de viviendas y escuelas para aspersores terrestres, y 2.000 metros para dispositivos aéreos en las localidades de Leonesa y Las Palmas. El fallo contempló, además, la protección de los cursos de agua. Un año antes, en la misma provincia, la Justicia le había dado la razón a una barriada llamada La Ralera. En noviembre de 2011, una sentencia prohibió todo tipo de fumigaciones en Antillas, un poblado de 1.000 habitantes rodeado de soja. Las plantaciones llegaban al frente mismo de algunas casas, y aun a cinco metros de una escuela.

El fiscal de primera instancia Carlos Matheu, que afrontó la fase investigativa en el barrio Ituzaingó y ayudó a agilizar la causa, tomó muestras que envió al Conicet provincial, recabó datos y creyó en quienes vieron maniobrar al avión. Los vecinos aseguran que la aeronave operaba los domingos y en horarios nocturnos para eludir a posibles inspectores. Según un relevamiento de 2009, el 33 por ciento de los muertos fueron a causa del cáncer, y en cada cuadra del barrio llegó a haber una veintena de enfermos. La cifra es alarmante si se tiene en cuenta que a nivel país la mayor causa de fallecimiento son las enfermedades cardiovasculares, con un 24 por ciento del total. Los niveles de toxicidad en suelo y napas de agua también son elevados y traen como consecuencia malformaciones congénitas, leucemias, hipotiroidismo y complicaciones renales. Se calcula que durante años se rociaron diez litros de agrotóxicos por hectárea.

La Cámara 1ª del Crimen de la capital cordobesa confirmó el juicio oral y público a los productores, a quienes pueden caberles de 10 a 25 años por envenenar, adulterar o falsificar de un modo peligroso para la salud aguas potables o sustancias alimenticias. “Nuestro trabajo revela que el número de casos por manzana aumenta según la proximidad geográfica con el campo. Estos datos contradicen la teoría por la cual se culpa de los males a los transformadores eléctricos. Mucha gente emigró por el peligro que representa vivir ahí. Otros, en cambio, no pueden vender sus propiedades. Tengo una hija de 14 años con cuatro agrotóxicos en sangre, y el varón de 17 que se quedaba paralizado por cuatro días cada vez que fumigaban”, afirma Sofía Gatica. “Cuando lo internaba, los doctores me recomendaban medicinas que yo no podía pagar. En mi barrio contamos 300 casos sólo de cáncer. Tan contentos no estamos porque el hilo se corta por lo más delgado y habría que ir contra las multinacionales. A los productores no les queda otra que fumigar, aunque no les quito ninguna responsabilidad, ya que deberían alejarse de nuestras casas. Igual, espero que paguen, porque ellos no pensaron en nuestras familias, en nuestra gente”.