Nota extraída de www.lacapital.com.ar
Domingo, 29 de abril de 2012 01:00 | Informacion General
Se los responsabiliza por diseminar contaminantes que afectan a la salud. Habitantes del barrio Ituzaingó han enfermado de cáncer por esos agrotóxicos, según estudios oficiales.
El barrio Ituzaingó Anexo, al sur de la ciudad de Córdoba, está cercado por numerosos campos donde se siembran soja. |
Por primera vez en el país dos
productores agropecuarios y un piloto de aviones fumigadores irán a juicio oral
y público por asperjar plaguicidas en una zona prohibida, contigua al barrio
Ituzaingó Anexo ubicado al sur de la ciudad de Córdoba.
Los agricultores cordobeses
Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Rafael Parra, junto al piloto aeroaplicador
Edgardo José Pancello, deberán defenderse ante la Justicia por violar la ley
nacional de residuos peligrosos (24.051).
El litigio comenzó en 2004
cuando Sofía Gatica, integrante de un grupo de madres que se movilizó para
reclamar por la contaminación ambiental, asentó una denuncia contra los
productores agropecuarios, poco después de que los vecinos detectaran que se
fumigaba sobre terrenos cercanos a las viviendas, cuando una ordenanza
municipal (10.590) lo prohibía expresamente. Esta norma establecía una
distancia de exclusión de químicos agrarios de 2.500 metros a partir de los
lindes de la zona urbanizada.
Cuatro años después, el
entonces secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Medardo Avila
Vázquez, denunció que dos productores seguían fumigando en la zona, a pesar de
la prohibición.
Diversos estudios realizados
durante la gestión de Avila Vázquez constataron lo que habitantes del lugar
habían denunciado al menos desde 2001: la detección de 220 casos de cáncer a lo
largo de la última década.
“La tasa de mortalidad por la
enfermedad es del 33 por ciento, casi el doble que en el resto del país. No
solo pasa aquí, también hay estadísticas similares en pueblos como Brinkmann,
también en Córdoba y Murphy en Santa Fe, altamente expuestos al glifosato”,
aseveró el médico.
Para Miguel Martínez, abogado
y apoderado de la querella, “éste es un tema cerrado penal y jurídicamente,
entra en la figura legal delito de peligro. Y si se llega a una condena,
sentamos un precedente no solo en Argentina sino en el mundo. Nunca fue punido
el uso de agrotóxicos. Esto es un delito de lesa humanidad”.
Las dos denuncias se
unificaron y el fiscal Carlos Matheu entendió que los productores (que tenían
en conjunto unas 400 hectáreas sembradas con soja cercanas al barrio que
habitan unos cinco mil habitantes), y que el aeroaplicador además de contrariar
la ordenanza vigente violaron la ley nacional de residuos peligrosos al arrojar
sobre esos campos diversos plaguicidas.
La Cámara 1ª del Crimen
sentará el próximo 11 de junio a los tres hombres en el banquillo bajo una
acusación que, en caso de demostrarse, puede derivar en penas de entre 10 y 25
años de prisión. En paralelo, además de las infracciones por fumigación, el
fiscal Matheu también investiga la contaminación de los transformadores de la
Empresa Provincial de la Energía de Córdoba (Epec) que entonces contenían PCB y
del agua contaminada con arsénico.
Según consta en el expediente
que se ventilará en el juicio, Gabrielli y Parra utilizaron durante varios años
diez litros de glifosato por hectárea, endosulfán (actualmente prohibido) y
otros aditivos y coadyuvantes en cada campaña de siembra.
Si bien el hecho de lograr que
la Justicia se ocupe de dilucidar los casos de contaminación ambiental
constituye todo un logro para vecinos y ambientalistas de Córdoba y de otras
provincias con la misma problemática, los especialistas aseguran que el círculo
terminará de cerrarse cuando se pueda demostrar el impacto real que esas
conductas ocasionan al medio ambiente y a la salud de las personas.
Técnicamente una condena de
este tipo sentaría un precedente en el país que permitirá a poblaciones
sometidas al mismo riesgo reivindicar su derecho a vivir en un ambiente sano.
Esa condición que vieron violentada a partir de la instauración, a mediados de
los 90, del actual sistema de monocultivo agrario que sienta sus bases en la
siembra directa y la manipulación genética para que los cultivos resistan la
constante utilización de plaguicidas.
Este sistema, que contó con el
aval de los gobiernos que sucedieron desde entonces, reemplaza los métodos de
labranza tradicionales con la utilización de combos químicos que, según se
encargan de remarcar los especialistas a través de numerosos estudios, atenta
seriamente contra el medio ambiente y la salud de la población.
Madres coraje. Movilizadas por la
cantidad de casos de cáncer, leucemia y afecciones relacionadas con el medio
ambiente, la agrupación Madres de Ituzaingó y los equipos de atención primaria
de la salud del barrio relevaron desde 2001 en adelante todos los enfermos de
la zona. Detectaron que la tasa de mortalidad por esas enfermedades era del 33
por ciento, el doble que el índice del resto del país. Diseñaron así un
"mapa del cáncer" que luego fue utilizado como herramienta para las
causas que se sustancian y por las autoridades sanitarias.
También se enfrentaron a
cuadrillas de defensores de las explotaciones agrarias cercanas a la zona
urbanizada, difundieron el alcance de su calvario y peticionaron ante las
autoridades gubernamentales. Por encabezar esa lucha Sofía Gatica recibió hace
quince días el premio Goldman Environmental Prize, el "Nobel verde"
que se otorga a un líder ambiental de cada continente. Se trata de la primera
argentina en obtener tamaña distinción.
En 2002, a poco de que los
vecinos de Barrio Ituzaingó comenzaran a relacionar la problemática de la
contaminación con los numerosos casos de cáncer, la Fundación Para la Defensa
del Ambiente (Funam) "una ONG con estatus consultivo ante el Consejo Económico
y Social de Naciones Unidas) denunció ante la Justicia federal el deterioro
ambiental que sufría el barrio a raíz de la existencia de transformadores de
Epec que contenían PCB. Esa presentación luego se amplió por la detección de
plaguicidas y otros contaminantes en muestras recogidas en la zona y en el agua
para consumo humano.
En 2004, con los resultados de
relevamientos propios los vecinos denunciaron a los productores que fumigaban
en cercanías del barrio. Cuatro años más tarde, realizaron otra denuncia con el
aval del neonatólogo Medardo Avila Vázquez quien se desempeñaba como
subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, actualmente querellante
particular en la causa.
Para el titular de Funam, el
biólogo Raúl Montenegro "básicamente en este juicio no se resolverán
directamente las cuestiones relacionadas a la salud", sino que se
analizarán responsabilidades por violación a la ley de residuos peligrosos y de
fitosanitarios de Córdoba.
Sin embargo, el especialista se
mostró entusiasmado por la movilización indirecta que este juicio acarreará
sobre otras causas que buscan demostrar el daño directo sobre la salud y el
medio ambiente. "Más allá de identificar y sancionar a los responsables de
utilizar mal los plaguicidas pretendemos demostrar la relación concreta entre
éstos y los efectos sobre la salud", explicó a La Capital.
"Hay expectativas que no
podemos tener respecto al juicio que se sustanciará en junio. Por ejemplo no
podremos establecer que una mala actitud de quien maneja plaguicidas tenga
responsabilidad directa sobre la pérdida de salud en una determinada
persona", dijo.
"Este es un paso muy
importante porque en este caso se llegó al juicio, cuando en muchos lugares del
país sólo se consolidó la etapa de imputación. Pero debemos tener en cuenta que
aún quedan muchas tareas que aún no fueron abordadas por la Justicia como
establecer el daño asociado a la acción del plaguicida y en consecuencia
condenar a un culpable por haber ocasionado perjuicios sobre otra persona o
comunidad. Eso queda como tarea pendiente", señaló.
Para el experto, este es un
capítulo trascendental pero aún resta el otro que consiste en tender un puente
entre personas o comunidades afectadas y la aplicación de plaguicidas.
"Eso necesitará de un trabajo arduo de las organizaciones de la sociedad
civil que trabajan en ese sentido. Para ello es indispensable que se de una
condición que no siempre se cumple: suele haber una cierta independencia entre
los movimientos de resistencia y los componentes técnicos y judiciales. Hay que
lograr un mayor ajuste que los registrados hasta ahora para que estos ámbitos
estén mucho más unidos: La resistencia popular, los acompañantes técnicos y el
sistema de protección judicial".
Montenegro es titular de la
cátedra de biología molecular de la Universidad Nacional de Córdoba. Además de
presidirla, es representante de la Funam ante el Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas. Posee una larga trayectoria como educador sobre mecanismos
ecológicos en toda América latina y en 2004 fue distinguido con el premio Nobel
Alternativo por la defensa del medio ambiente.
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